La Provincia firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación para incorporar capacitación certificada, supervisores especializados y una plataforma tecnológica de gestión de casos. El acuerdo fortalece el proceso que Mendoza ya venía desarrollando a través de una mesa técnica y un proyecto de ley provincial.
Mendoza dio un paso clave hacia la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil al convertirse en la primera provincia del país en reunir las condiciones para firmar un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación.
El acuerdo fue firmado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar. La iniciativa incorpora nuevas herramientas para fortalecer el proceso de adecuación normativa e institucional que la Provincia viene desarrollando desde hace meses.
En ese marco, Mendoza conformó una mesa técnica interdisciplinaria que ya cuenta con un borrador del proyecto de ley provincial, el cual será presentado próximamente. La propuesta establece las condiciones necesarias para avanzar en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia.
“Mendoza es la primera provincia del país en estar en condiciones de firmar este convenio con la Nación. Venimos trabajando desde hace tiempo en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y este acuerdo nos da más herramientas para seguir fortaleciendo ese proceso”, destacó Rus.
Herramientas para la implementación del régimen
El convenio establece acciones conjuntas entre la Nación y la Provincia mediante asistencia técnica, intercambio de información, desarrollo de proyectos de cooperación y actividades de capacitación para los operadores que intervienen en el sistema.
Uno de los principales avances será la disponibilidad recíproca de supervisores especializados, figura creada por la Ley Nacional de Régimen Penal Juvenil y encargada del seguimiento, asistencia y control de adolescentes sometidos a medidas o penas.
A partir del acuerdo, Mendoza podrá contar con supervisores de la Nación cuando las necesidades del sistema así lo requieran. Del mismo modo, los profesionales de la provincia podrán desempeñarse en causas de competencia federal.
Además, el Ministerio de Justicia de la Nación pondrá a disposición de Mendoza la plataforma informática desarrollada para la gestión y el seguimiento de estos casos. Esta herramienta permitirá optimizar el control de las medidas, unificar criterios de gestión y fortalecer la producción de información para el seguimiento del régimen.
“Este convenio incorpora herramientas concretas para la implementación del régimen. No solo contempla instancias de capacitación y asistencia técnica, sino también la posibilidad de disponer de supervisores especializados de manera recíproca entre la Provincia y la Nación, además de acceder al software desarrollado para la gestión de estos casos”, agregó Rus.
Capacitación certificada para los operadores
Como parte de la implementación del convenio, el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas trabajarán de manera conjunta para que las capacitaciones se desarrollen a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
De esta manera, los trayectos formativos contarán con certificación oficial y otorgarán puntaje a quienes los realicen, tanto operadores del sistema como otros destinatarios de las capacitaciones.
“La implementación de este régimen requiere equipos preparados y criterios comunes para intervenir en situaciones complejas. Por eso, las capacitaciones que se desarrollen a través del IPAP tendrán certificación oficial y otorgarán puntaje a quienes las realicen. Es una forma de reconocer la formación de los operadores y, al mismo tiempo, asegurar que el sistema cuente con profesionales cada vez mejor preparados para acompañar, supervisar y dar seguimiento a cada caso”, sostuvo García Zalazar.
De esta forma, Mendoza consolida el trabajo que viene desarrollando para adecuar su sistema al nuevo Régimen Penal Juvenil. El futuro marco normativo provincial, la capacitación certificada de los operadores, el intercambio de supervisores especializados y la incorporación de herramientas tecnológicas forman parte de una estrategia integral para una implementación más eficiente del nuevo régimen en la provincia.
