Tras años de demoras, la Superintendencia de Servicios de Salud implementó un nuevo procedimiento para gestionar denuncias, faltas formales y sanciones a obras sociales y empresas de medicina prepaga. Se trata de una reforma estructural que busca garantizar respuestas más rápidas y efectivas a los beneficiarios del sistema de salud argentino.
El cambio más significativo es que las entidades ahora deberán resolver las denuncias en un plazo máximo de 30 días hábiles, desde que son notificadas. Además, estarán obligadas a responder los requerimientos del organismo en no más de cinco días corridos. Antes, los procesos podían extenderse hasta dos años sin sanciones concretas.
Fin de la discrecionalidad y reglas claras
Uno de los pilares del nuevo procedimiento es la aplicación de criterios objetivos y sanciones proporcionales, según la gravedad de la falta y la reincidencia. Esto pone fin a un sistema opaco, en el que las decisiones dependían muchas veces de criterios poco transparentes y con margen de discrecionalidad.
Las nuevas reglas también traen consecuencias económicas reales: las multas se calculan por módulos, cuyo valor equivale al haber mínimo jubilatorio. Según la reforma implementada en mayo de 2024, las sanciones pueden ir de cinco a 100 módulos, lo que hoy puede representar más de 30 millones de pesos por infracción. Hasta entonces, los agentes de salud tenían la posibilidad de evitar responsabilidades mediante un pago voluntario de apenas 35 mil pesos.
