La Justicia avanza con la investigación a dirigentes sociales acusados de extorsionar y amenazar a beneficiarios de planes al desviar fondos y manipular los programas de asistencia del Estado. Tras los allanamientos en domicilios de piqueteros y comederos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, la causa busca ahora esclarecer si los delitos fueron cometidos de manera aislada por algunos dirigentes o si en rigor se trataba de un plan organizado en el que también participaban los líderes de cada organización.
Para intentar arribar a esa posible conclusión, el fiscal Gerardo Pollicita analizará la documentación secuestrada en los allanamientos que se realizaron el pasado lunes, en el que además de dinero, se encontró documentación importante como planillas contables de las organizaciones sociales, listados de presentes en las marchas y tarjetas de crédito y débito.
Entre los allanados se encuentran Javier Cantero, de la mesa nacional del Polo Obrero, y María Dotti, otra dirigente importante de esa agrupación. Del análisis de sus celulares, computadoras y documentos se intentará determinar si otros dirigentes también participan de actos de extorsión y aprietes a beneficiarios del Potenciar Trabajo, lo que podría demostrar que se trata de una organización delictiva con participación de otros referentes.