En medio de la discusión por la Ley Bases y camino al Pacto de Mayo, el Gobierno vuelve a acercarse a los gobernadores. El vínculo entre los mandatarios provinciales y el Ejecutivo nacional atraviesa tensiones desde el inicio de la gestión, que se explican especialmente por el recorte en las transferencias que Nación le giraba a las provincias, y lejos de aminorarse, el conflicto se sigue profundizando. Así queda reflejado en las cifras que muestran que los giros discrecionales a las provincias sigue en descenso y se ajustó por encima del 80% en abril.
Las transferencias que realiza la Nación a las provincias podrían resumirse en dos: las automáticas y las no automáticas. Las primeras son aquellas que surgen de leyes que fijan un porcentaje sobre un impuesto nacional y se reparten entre las provincias. En tanto, las no automáticas responden a criterios discrecionales por los cuales el gobierno nacional asiste a las provincias para cubrir necesidades, ya sean corrientes (para financiar gastos diarios) o de capital (vinculados a gastos de inversión, obras o compras de bienes).
Estos últimos envíos de fondos son los que sufrieron mayores recortes. Según la consultora Analytica, en la comparación en abril, el gasto primario real devengado tuvo una caída del 23,1% en la comparación interanual. Entre las partidas devengadas -es decir, los compromisos asumidos, aunque no necesariamente cancelados- con mayores ajustes reales figuran las transferencias a provincias (-86,1%), seguidas por la obra pública y las transferencias a programas sociales.