El oficialismo ya reservó una fecha pensando en la sesión especial en el recinto, el miércoles 29 de mayo. Buscará aprobar, con modificaciones, la Ley Bases y la de Medidas Fiscales. Las iniciativas tendrán que regresar a Diputados para una nueva revisión.
Además, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien retomó un papel importante en las negociaciones, no solo recibió a Guillermo Francos en su despacho, sino que tomó contacto cara a cara con los senadores, que aún muestran diferencias con los proyectos que aprobó el Senado y piden modificaciones. Se reunió con Guadalupe Tagliaferri del PRO, con Martín Lousteau y Maximiliano Abad de la UCR, buscó telefónicamente a los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, y habló con algunos gobernadores como el chubutense Ignacio Torres.
El senador Bartolomé Abdala le dijo a TN que la vicepresidenta Victoria Villarruel, “siempre estuvo en ese rol, tal vez se nota más cuando se acerca esta instancia final. Ella genera mucha confianza y eso es fundamental”.
Las diferencias y acuerdos con los radicales
Maximiliano Abad (UCR), quien además preside el radicalismo de la Provincia de Buenos Aires, dijo que están “tratando de corregir las asimetrías de origen que tiene esta ley y darle al gobierno las herramientas que necesita”, y añadió: “Debemos tener una ley sólida, previsible y que dé seguridad jurídica. Esta ley, en un primer momento, benefició en lo referido a bienes personales a los sectores más pudientes y castigó a la clase media con el impuesto a las ganancias, por eso ahí tiene que haber deducciones”.
Y agregó: “A los sectores de la economía informal los dejó sin monotributo social, por eso nosotros impulsamos que se mantenga. Una ley que, a partir del blanqueo, del impuesto a las ganancias, de la moratoria se van a generar recursos y que no solamente esos recursos sean para pagar intereses de la deuda, sino que también se pueda recomponer los haberes de los jubilados, pensionados y el financiamiento de la universidad pública”. Abad también dejó en claro que para garantizar “el financiamiento a las universidades, hace falta recomponer el de las 60 universidades nacionales restantes, no solo el de la Universidad de Buenos Aires”.
La UCR en conjunto planteó, en un documento desde el bloque que preside Eduardo “Peteco” Vischi, lo siguiente: “La educación pública y el federalismo son luchas históricas e irrenunciables de nuestro partido y, coherente con ellas, nuestra solicitud al gobierno nacional supone garantizar el funcionamiento del sistema universitario de manera integral. Reafirmamos ese compromiso explícito y férreo en apoyo a las universidades públicas. El entendimiento alcanzado con la administración nacional, en la figura del ministro del Interior, Guillermo Francos, comprende a la totalidad de las universidades nacionales. Cualquier otra interpretación es lisa y llanamente falsa”.
Las aclaraciones también llegaron desde el Gobierno nacional, que ratificó “como parte de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR”, la decisión de “garantizar el financiamiento de los gastos de funcionamiento de todas las Universidades Públicas Nacionales del país”.
Para sumar mayor compromiso, los radicales de Diputados, que encabeza Rodrigo de Loredo, solicitaron una sesión especial para este martes con el fin de discutir todos los proyectos vinculados con mayor presupuesto para la educación superior.
Son varias iniciativas que llevan las firmas de Romina del Pla (declara la emergencia presupuestaria de las Obras Sociales de las Universidades Nacionales); de Mónica Litza (incremento y actualización de partidas para las Universidades); de Danya Tavela (régimen de financiamiento para las Universidades Nacionales); de Pablo Carro (bonos de crédito fiscal y garantía de recursos para las universidades); de Christian Castillo; de Julia Strada (declara la emergencia presupuestaria para las universidades); de Martín Soria (tarifas diferenciales de gas y energía eléctrica para las universidades) y de Pamela Calletti (régimen de protección al financiamiento educativo nacional).
Nuevas modificaciones a los proyectos
Los negociadores del gobierno en el Senado, Guillermo Francos, Eduardo Lule Menem, José Rolandi y María Ibarzabal, ya trabajan en la redacción de los nuevos artículos. El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) se mantendrá para montos a partir de los 200 millones de dólares, pero equiparará los beneficios tributarios a los proveedores nacionales con los extranjeros.
El capítulo referido al Blanqueo de capitales también tendrá cambios a partir de los planteos de los senadores Lousteau, Tagliaferri y Juan Carlos Romero.
En el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias contendría un monto superior de la base imponible para la región patagónica de nuestro país, como solicitan los gobernadores del sur argentino.
En lo referido a las privatizaciones de empresas públicas, varios legisladores (Mariano Recalde, María Eugenia Duré, Pablo Blanco, Edgardo Kueider y Carlos Espínola) plantearon sus reparos por Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. También referentes de Unión por la Patria y la UCR se reunieron con trabajadores de Radio y Televisión pública y rechazaron su privatización.
Unión por la Patria mantiene su rechazo a la ley de Bases
La principal bancada de la oposición en el Senado, Unión por la Patria, de José Mayans, mantiene sus cuestionamientos a los proyectos. Así lo hizo saber la senadora Nora Jiménez: ”Una ley de esta naturaleza, que es una reforma constitucional encubierta, debe ser debatida, debe escuchar la voz de la gente, de la gente de a pie, como ocurre en los plenarios. La posición es de rechazo, ya que cuanto más debatimos y cuanto más profundizamos, con más fuerza concluimos que no se puede aprobar esta ley que generará un gran perjuicio para la Nación argentina”.
El oficialismo está confiado en llegar a lograr la sanción. La espera para dentro de 15 días. Aunque los libertarios, públicamente, no quieren hablar de fechas, ni de plazos, como dijo Juan Carlos Pagotto: “La Libertad Avanza nunca se fijó ningún tiempo, por lo menos en el Senado, y es normal que se debata y que se converse, es el trámite normal”.