El Gobierno promulgó dos leyes clave: la de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, y la de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud.
Ambas normas fueron sancionadas por el Congreso, pero su ejecución quedó postergada hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, tal como establece el artículo 5° de la Ley 24.629.
A pesar de estas disposiciones, la aplicación de la ley quedó condicionada a que el Congreso defina cómo se financiarán los gastos adicionales, tal como ocurre con la ley de emergencia pediátrica.
