El director general del Servicio Penitenciario Eduardo Orellana, mantuvo un encuentro con el presidente de la Unión Industrial Mendocina, Matías Diaz Telli, y 19 empresarios vinculados a la Universidad Austral de Rosario, para compartir experiencias, conocer el funcionamiento de la institución, y generar nuevas oportunidades de articulación con el sector privado.
Durante la charla, se abordaron temas relacionados al trabajo integral que se desarrolla con las personas privadas de libertad y la importancia de generar herramientas concretas de formación y capacitación que favorezcan su futura inclusión social y laboral.
En este sentido, el intercambio permitió acercar a los representantes empresariales a la realidad penitenciaria y conocer las iniciativas que se llevan adelante para promover el aprendizaje de oficios, la adquisición de habilidades y el desarrollo de hábitos laborales.
Estas políticas de formación, y capacitación laboral que se brindan en contextos de encierro mediante talleres propios o mediante el acompañamiento de empresas privadas resultan novedosas para el sector. De allí, la necesidad de que quienes están en esta etapa de formación o conducen industrias, puedan explorar posibles líneas de trabajo conjunto.
En este sentido, uno de los ejes centrales de la reunión fue cómo la creación de una Unidad de Producción Penitenciaria (UPP), constituyó un espacio estratégico para vincular el trabajo del Estado con el conocimiento, la tecnología y la experiencia del sector privado. Esta articulación permitió ampliar la red de organizaciones que desarrollan actividades laborales dentro de los establecimientos penitenciarios, generando propuestas de capacitación, tareas productivas y primeras experiencias vinculadas al mercado laboral.
La participación de empresas privadas representa una oportunidad para fortalecer estos procesos, aportar conocimientos específicos y explorar nuevas alternativas de producción y comercialización. De esta manera, el trabajo penitenciario puede consolidarse como una herramienta de desarrollo con impacto social, al tiempo que permite que las personas privadas de libertad incorporen competencias que mejoren sus posibilidades de inserción una vez recuperada la libertad.
