El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno publicará este viernes en el Boletín Oficial los pliegos para la licitación de AySA, una de las empresas sujetas a privatización de la Ley Bases de 2024. La operación contempla la venta del 90% de las acciones de la firma proveedora de agua potable y saneamiento en el AMBA.
“¡Importante! Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”, escribió este jueves Caputo en su cuenta de X.
Según planteó el funcionario, la incorporación de “un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa” permitirá impulsar inversiones, ampliar la red y mejorar la calidad del servicio. “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”, agregó.
El anuncio se enmarca en el proceso de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión. La Ley Bases de 2024 autorizó la privatización total o parcial de ocho empresas estatales: AySA, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Sofse (Trenes Argentinos), Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
En ese esquema, el Gobierno busca acelerar los pasos administrativos para transferir esas compañías al sector privado y aspira a completar buena parte del proceso antes de 2027. En distintas declaraciones públicas, Caputo sostuvo que las privatizaciones permitirán recaudar unos US$ 2000 millones hasta fin de año.
En el caso de AySA, el Ejecutivo ya había aprobado los contratos de concesión y transferencia de acciones mediante la resolución 543, publicada en el Boletín Oficial. Allí se estableció el modelo de contrato de concesión entre el Estado nacional y Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima.
El esquema oficial prevé que la concesión tenga un plazo de 30 años para la prestación del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Entre ellos figuran La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón.
Además, el contrato contempla la posibilidad de extender la concesión hasta por 10 años más. Durante ese período, AySA mantendrá la explotación exclusiva del servicio en el área regulada.
El Gobierno sostiene que la privatización no debe limitarse a una transferencia accionaria sino que debe implicar “una transformación profunda que garantice sustentabilidad, eficiencia y transparencia en el servicio”, de acuerdo con el Informe Circunstanciado elaborado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
La operación prevé que el 90% del paquete accionario quede bajo control privado, mientras el 10% restante seguirá en manos de los trabajadores. Según el diseño oficial, habrá una primera etapa vinculada al control operativo de la compañía y luego se avanzará con una oferta pública inicial para colocar otro porcentaje de acciones en el mercado.
En paralelo, el contrato aprobado obliga a AySA a continuar con el denominado Plan de Acción de Transición 2024/26 hasta fin de año. Las metas y obligaciones pendientes deberán incorporarse luego al primer ciclo tarifario previsto para el período 2027-2031.
Desde el Ministerio de Economía también remarcaron que deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio durante todo el proceso de privatización. El texto oficial establece que la modalidad elegida no debe afectar la prestación del servicio público de agua y saneamiento.
La publicación de los pliegos marcará ahora el inicio formal de la etapa licitatoria. Después de ese paso, deberán evaluarse las ofertas y definirse la adjudicación de la empresa.
AySA aparece entre los activos más relevantes dentro del plan de privatizaciones del Gobierno. En el Ejecutivo estiman que la operación podría generar ingresos cercanos a los US$500 millones.
