Pese a que el Gobierno decidió retirar varias de las empresas que pretendía privatizar en su estrategia para que el Senado apruebe la Ley Bases, finalmente pedirá incorporarlas en Diputados. “Con las empresas privatizables no tuvimos un acuerdo en el Senado porque no teníamos votos para poder sostenerlo. No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también le pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones”, explicó en las últimas horas el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y aclaró así sus planes para la negociación que viene en la Cámara baja.
Los motivos detrás de la persistencia oficial probablemente se explique en cuestiones fiscales, ya que en el primer trimestre del 2024, las compañías que funcionan bajo la órbita estatal mostraron un déficit operativo de más de $500.000 millones, incluso con una reducción de más de 2000 puestos de trabajo.
De acuerdo a las cifras de la Oficina de Presupuesto, las 33 empresas públicas no financieras mostraron un rojo operativo –esto es, la diferencia entre la recaudación y los gastos de cada compañía para el funcionamiento de su actividad particular- de $514.242 millones. Por ello, el Tesoro realizó transferencias por $554.277,5 millones durante el primer trimestre de 2024.
Sin embargo, si a eso se agrega la diferencia entre los ingresos y los gastos vinculados tanto a cuestiones corrientes, así como inversiones o equipamiento, se obtiene el resultado financiero, que arroja un déficit acumulado de los primeros tres meses del año de $142.287,5 millones.
