El Gobierno tiene en carpeta un plan escalonado para avanzar con las reformas y desregulaciones que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el Ejecutivo aseguran que no buscarán concentrar ese esquema en una sola ley, sino repartirlo en distintos proyectos para evitar superposiciones en el Congreso y ordenar una secuencia política y técnica que combine cambios fiscales, regulatorios y comerciales.
El acuerdo técnico anunciado este miércoles por el organismo reforzó esa hoja de ruta al mencionar reformas en materia fiscal, tributaria y estructural como parte de la nueva etapa del programa. La primera discusión que parece más madura dentro del oficialismo es la de la Ley de Administración Financiera. En despachos oficiales la definen como una reforma “estructural” y la vinculan con el objetivo de blindar el equilibrio de las cuentas públicas.
La Casa Rosada busca rechazar proyectos con impacto presupuestario, exigir que cada iniciativa detalle cómo será su financiamiento y avanzar sobre facultades de reasignación de partidas durante el ejercicio. En Balcarce 50 admiten que también puede fortalecer la capacidad de Nación para decidir dónde ajustar si el Congreso aprueba gastos o cambios legales.
La Ley 24.156 ya regula el sistema presupuestario, de crédito público, tesorería y control del sector público nacional, de forma que cualquier cambio sobre esa base toca la base de la ejecución presupuestaria. El segundo capítulo está vinculado a las desregulaciones económicas que impulsa Federico Sturzenegger.
