El oficialismo busca cambiar el eje del debate en el Congreso con la apertura de dos discusiones que ya marcaron la agenda en 2024 y 2025. El Gobierno impulsa nuevas iniciativas: una ingresó el último viernes, la Emergencia en Discapacidad bajo la denominación de proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez; la otra, ya en condiciones de ser tratada, es el financiamiento para las universidades nacionales.
El proyecto de financiamiento universitario está en el Congreso desde febrero y en las próximas semanas comenzará a tratarse en las comisiones de Educación y de Presupuesto, presididas por Alicia Fregonese (PRO) y Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza).
El Ejecutivo busca armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades —gastos de funcionamiento y salarios docentes y no docentes— con las previsiones reales del Presupuesto de este año. A diferencia de la norma impulsada por la oposición, la iniciativa oficial no hace referencia a ejercicios anteriores.
El Gobierno detalló que las partidas del Presupuesto 2026 deberán destinarse a afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad estudiantil; garantizar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, incluyendo la plena implementación de los convenios colectivos; y fortalecer la enseñanza en todas sus modalidades mediante mayor inversión en tecnología y en la formación del personal.
La iniciativa también garantiza el acceso a la educación superior gratuita a través de un refuerzo en programas de becas estratégicas. Además, establece una recomposición para cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades en el marco del Presupuesto vigente y prevé una actualización para los hospitales universitarios, con el objetivo de asegurar el financiamiento del sistema de salud universitario.
