En el Congreso hay legisladores que aún se preguntan si el fracaso de la Ley Ómnibus no fue, desde el principio, parte de la estrategia discursiva del oficialismo en su lucha diaria por exponer a la “casta”, como lo sugirió el propio Javier Milei en las horas posteriores a la votación fallida en Diputados. Si la hipótesis ya era discutida hace un mes, considerando el tiempo (100 horas solamente debate formal en reuniones de comisión y de sesión) y la energía política que insumió el debate, las más recientes señales del Gobierno parecen terminar de confirmar, al menos para parte de la oposición, que no fue así y que faltó diálogo.
En las últimas horas, el Ejecutivo no solo abrió una negociación con los gobernadores, sino con los principales jefes parlamentarios, que encabezan bloques que no responden linealmente a mandatarios provinciales, y que se fueron de la Casa Rosada con el anticipo de que el Gobierno enviaría la semana que viene al Congreso reformas, a priori en distintos paquetes, con “puntos de mayor consenso”, y que busca evitar repetir el desenlace que tuvo el debate de la Ley de Bases en febrero. En los bloques siguen, sin embargo, las dudas sobre temas clave que ya tuvieron fuerte resistencia hace un mes.
El jueves, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, recibieron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los jefes del bloque PRO, Cristian Ritondo -cuya bancada estaba preparada para votar sin fisuras a favor todo el proyecto de la Ley Ómnibus en el momento de la votación en particular- y de la UCR, Rodrigo De Loredo -que comanda una bancada muy dividida cuando se trata de tomar posturas ante el Ejecutivo libertario.
Horas más tarde, el siguiente pasar por la Casa Rosada para reunirse con el ministro Francos fue Miguel Pichetto, jefe de Hacemos Coalición Federal. El bloque tiene una composición incluso más compleja que la del PRO y la UCR a la hora de unificar posturas: conviven el peronismo cordobés, el PJ disidente de Florencio Randazzo, figuras de JxC que hoy defienden a gobernadores nuevos sin muchos legisladores propios, el jefe del PRO cordobés, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer.
Según indicaron en los tres espacios, para empezar, los funcionarios nacionales mostraron intención de armar una “hoja de ruta” legislativa consensuada y en avanzar en los puntos en los que haya mayor acuerdo. Al mismo tiempo, a acuerdo las mismas fuentes parlamentarias, el Ejecutivo ratificó que el objetivo es avanzar específicamente en temas de la Ley Ómnibus como las privatizaciones, la reforma administrativa, la creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, el capítulo de hidrocarburos, y la declaración de emergencias, aunque la delegación de facultades podría ser más reducida.
Se incluirá, por otra parte, el debate por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. En la Ley de Bases original, el Ejecutivo pretendía eliminar la fórmula de movilidad para avanzar con subas vía decreto hasta que se definiera un nuevo cálculo. Luego el oficialismo retiró el artículo. Pero el día de la votación en particular, antes del naufragio, estaba casi acordado que se aprobaría un cálculo de ajuste para los jubilados atado a la inflación mensual, con una compensación extra del 10% por el empalme entre fórmulas.
Hay, sin embargo, otros antecedentes que recuerdan en los bloques opositores: el capítulo privatizaciones nunca tuvo garantizado los votos. Las bancadas dialoguistas, sobre todo la UCR, rechazaban habilitar al Gobierno a privatizar sin control parlamentario unas cuarenta empresas estatales.
Durante el debate se achicó el número de compañías a privatizar y se negoció la posibilidad de votar paquetes de empresas para que diputados no tuvieran que rechazar todas, por estar en contra de la privatización de una de ellas importante para la provincia que representan. Pero todavía amplios sectores reclamaban que se tratara empresa por empresa, que pasen por el control parlamentario y mayores niveles de transparencia. La votación se cayó justo antes de llegar a este artículo.
Según trasmitieron a sus diputados los jefes de los bloques que pasaron por la Casa Rosada, la negociación del paquete “fiscal” -que incluía un blanqueo y una moratoria- pasaría por el canal de los gobernadores, mientras el Ejecutivo busca avanzar con la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, algo que por ahora rechazan los jefes provinciales. Por un carril paralelo correrían además los proyectos que Milei calificó de “anticasta”, algunos de los cuales ya existen en ambas cámaras parlamentarias presentadas por miembros de lo que solía ser JxC.
“Están sondeando a los dialoguistas, no quieren volver a mandar un proyecto que saben que van a tener que partir en mil pedazos, muestran querer avanzar sobre preacuerdos… están haciendo lo que tienen que hacer y lo que tendrían que haber hecho de entrada con la Ley Ómnibus”, resume un diputado del PRO al tanto de las conversaciones, que trabajó intensamente en febrero con el Gobierno en algunas de las modificaciones que recibió el paquete de reformas.
“Lo de la Ley Ómnibus fue un golpazo político, Milei lo disimuló bien porque tiene legitimidad y la opinión pública atrás, pero están reconociendo que no hay mucho margen, también el FMI está pidiendo solvencia política. La señal es que han aprendido: convocan a ministros provinciales, convocan a gobernadores, convocan a los bloques. Vamos a ver la semana que viene”, señalaba un miembro de la UCR que también solía visitar regularmente el despacho de Menem en los caóticos días en los que la Ley Ómnibus se trabajaba en Diputados.
A los paquetes de leyes que el Gobierno decida enviar en las próximas semanas le sigue esperando la prueba de un Congreso fragmentado, en el que las divisiones dentro de los propios bloques son evidentes, el peso de los gobernadores es importante pero también limitado y ordenar mayorías tarea difícil. El Ejecutivo abrió múltiples canales de diálogo simultáneos.