El Gobierno analiza distintas alternativas judiciales después de que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmara la sentencia contra la Argentina en el caso por la expropiación de Aerolíneas y Austral.
En Nación evalúan pedir una revisión ante la propia Cámara, recurrir a la Corte Suprema estadounidense y solicitar la suspensión de la ejecución mientras se tramitan esos planteos.
La causa enfrenta al Estado argentino con Titan Consortium 1 LLC, la firma que adquirió los derechos económicos derivados del laudo iniciado por sociedades españolas del Grupo Marsans. El monto reconocido por la Justicia estadounidense asciende a US$390.907.115 al 10 de diciembre de 2024, más intereses posteriores a la sentencia.
La Procuración del Tesoro quedó a cargo de analizar los próximos pasos. En la estrategia legal argentina evalúan pedir una nueva revisión ante los mismos jueces que fallaron contra el país, solicitar que el caso sea revisado por una integración más amplia de la Cámara de Apelaciones o avanzar directamente con un planteo ante la Corte Suprema de Estados Unidos. “Estamos analizando eso”, expresan en Nación sobre las alternativas que siguen abiertas.
La primera opción apunta a que el mismo tribunal revise su decisión. La segunda busca que el fallo sea evaluado por más jueces de la Cámara de Apelaciones. Son recursos excepcionales, pero forman parte de las herramientas que la Argentina tiene sobre la mesa antes de definir si lleva el caso al máximo tribunal estadounidense.
