El Ejecutivo trabaja en los pasos administrativos para adjudicar las empresas públicas al sector privado, pero hay diferencias en los procesos. Cuánto espera recaudar y en qué instancia se encuentra cada una.
Desde el inicio de su gestión, Javier Milei estableció que sus objetivos era privatizar las empresas públicas. Por un lado, porque entiende que el Estado no debe tener a su cargo esas compañías y, por otro, porque desprenderse de ellas implica un beneficio económico. En este escenario, el Gobierno trabaja en los pasos administrativos para adjudicarlas al sector privado y espera completar ese proceso sobre las firmas alcanzadas por la Ley Bases antes de fin de año.
La Ley Bases autorizó la privatización o concesión de ocho empresas estatales: Aysa, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Sofse (Trenes Argentinos), Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Desde ese momento, se fueron habilitando distintas instancias para adjudicarlas a manos privadas e incluso, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que esos activos permitirán recaudar US$2000 millones hasta fin de año.
Para que las privatizaciones se concreten, deben cumplirse una serie de etapas. Tras la aprobación del Congreso, se define la modalidad para llevar adelante ese proceso (venta de acciones, concesión o licitación), luego se publica una resolución ordenatoria, se tasa la operación y se establece el marco regulatorio que fija los precios y condiciones para entregar esas empresas. Por último se llama a la licitación, se evalúan las ofertas y se adjudica.
