El Gobierno busca acelerar la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional antes del fallo del Tribunal del Mar sobre la explotación petrolera en Malvinas, previsto para el 28 de noviembre.
En la Casa Rosada consideran que avanzar con un nuevo régimen de sanciones contra las empresas vinculadas con el proyecto Sea Lion permitiría reforzar la presión sobre el Reino Unido y sus operadores comerciales.
La Secretaría Parlamentaria fijó una sesión especial en Diputados para el 18 de noviembre en cuyo temario se incluye la iniciativa. La Libertad Avanza evalúa impulsar una votación por capítulos para separar las sanciones de los puntos que generan resistencia entre los bloques aliados y la oposición.
En el Ejecutivo aseguran que la intención es disponer de todas las herramientas jurídicas, administrativas y diplomáticas antes de que los jueces de Hamburgo se pronuncien. La estrategia busca combinar el reclamo internacional con nuevas medidas internas contra las compañías que participen de la explotación de recursos sin autorización argentina.
El oficialismo considera que una votación favorable enviaría una señal política antes de la resolución sobre las medidas provisionales, aunque la aprobación de Diputados no alcanzaría para convertir el proyecto en ley: también necesita la sanción del Senado.
La urgencia está vinculada con los procedimientos sancionatorios que Cancillería mantiene abiertos contra 60 personas humanas y jurídicas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. El Gobierno dispuso en septiembre la apertura de expedientes contra 45 sujetos y amplió luego el alcance a otros 15. Las actuaciones, bajo la órbita del área de Malvinas de la Cancillería, todavía no tienen una resolución definitiva. En Balcarce 50 buscan acelerar su tramitación y contar con un marco legal que amplíe las posibilidades de actuación contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con la explotación.
















