Mientras el Mundial entra en su recta final, el Gobierno diseña un segundo semestre alrededor de su cargada agenda reformista en el Congreso. Sin embargo, en el seno del oficialismo advierten que la cantidad de iniciativas y la demora en torno a la reforma electoral -un punto considerado prioritario por la Casa Rosada- podrían obstaculizar el tratamiento de las leyes en el recinto.
“El Gobierno tiene una mirada reformista de la política y las reformas se hacen en el Congreso a fuerza de leyes. Probablemente haya temas que tienen que ver con otros aspectos de la gestión, pero la principal gestión son las reformas que impulsa en el Congreso”, sintetizaron en Balcarce 50.
Esa mirada que defiende el oficialismo se ve reflejada en la cantidad de proyectos que ha enviado -o se prepara para enviar- en el último año. La lista va desde iniciativas con media sanción como el super-RIGI, la Ley Hojarasca, los cambios al régimen de Zona Fría, hasta proyectos que todavía están bajo revisión (algunos más listos que otros), como la reforma del Banco Central, los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, el “shutdown” del Estado, la reforma del Código Penal o el paquete de desregulación en el que trabaja el Ministerio de Federico Sturzenegger, que alcanza al mercado inmobiliario, a la ley de cabotaje y al mercado de capitales.
En el medio, hay otra larga lista de proyectos que ya fueron presentados, pero que aún no llegaron a discutirse en el recinto. Ahí entra la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, la reforma a la Ley de Salud Mental, la Ley de Sociedades, la Ley de Lobby, el proyecto para prevenir la ludopatía, y la Adhesión al Tratado de Patentes (PCT), entre otros.
“Es un Gobierno con tantos proyectos y reformas que a veces las cosas se demoran un poco”, admitió un funcionario a cargo de la redacción de una de las iniciativas retrasadas. Y agregó: “Ya se va a agilizar (el Congreso). No hay que preocuparse”.
