Al tiempo que las masivas protestas agrícolas de Francia se extienden y empiezan a replicarse en otros países como España, Italia, Bélgica y Portugal, desde el seno de la Unión Europea (UE) y el Mercosur aseguran que, por ahora, las manifestaciones no impactan en las negociaciones por el tratado de libre comercio y que se mantiene la intención de cerrar el acuerdo en febrero.
En las últimas horas empezó a correr con fuerza una versión de que el propio presidente francés, Emmanuel Macron, le había pedido a la Comisión Europea –que está a cargo de la negociación con el Mercosur- que pusiera fin a las tratativas, a menos que los agricultores sudamericanos estén sujetos a los mismos estándares ambientales que Europa.
“Las discusiones continúan y la Unión Europea seguirá cumpliendo su objetivo de lograr un acuerdo que respete nuestros objetivos de sostenibilidad y nuestras exigencias, particularmente en agricultura”, aseguraron desde la Comisión Europea ante la consulta de TN.
Para este artículo, desde las distintas cancillerías del Mercosur confirmaron que habían recibido un contacto de su contraparte negociadora en Bruselas para manifestar el compromiso del órgano político del bloque europeo a seguir negociando tal como se tiene previsto. Hay una reunión clave programada para las próximas horas entre Macron y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
El detalle de lo que puede pasar con el acuerdo
“El plan se mantiene. ¿Seguimos con atención lo que pasa con los agricultores? Claro que sí, porque esto ya no se restringe sólo a Francia, sino que está creciendo en Europa y no necesitamos otros chalecos amarillos”, se sinceró uno de los funcionarios de Bruselas que más conoce los detalles de las negociaciones, que llevan más de 20 años y que las distintas partes apuntan a cerrar en febrero.
Tal como había adelantado TN semanas atrás, en principio el esquema de la Unión Europea contempla que, como fecha límite, el acuerdo debería estar alcanzado para el 26 de febrero cuando en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, se realice la 13° conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Es la fecha límite a la que le siguen apuntando, salvo que el conflicto agrícola escale y los planes cambien de emergencia.
Con viento a favor, tanto desde Buenos Aires como de Brasilia se animan a soñar con una fecha previa: el 21 y 22 de febrero. Allí se realizará en Río de Janeiro la primera reunión ministerial de los países miembros del G20, donde Brasil tiene la presidencia pro tempore durante 2024. El propio Lula adelantó que, como presidente del grupo, invitará a Uruguay y Paraguay a participar de los grupos de trabajo. De esa manera estarán representados todos los países del Mercosur y la UE, por ser parte del G20.
Previo a ese encuentro habrá otro de menor rango, pero no por eso de menor importancia. El 15 de febrero está programada una reunión entre los jefes negociadores de cada bloque. Todavía no se pusieron de acuerdo si será virtual o si se encontrarán en Brasilia, sede donde se vienen realizando las conversaciones presenciales desde el año pasado. Si las partes entienden que allí pueden darse la mano, muy posiblemente la realicen cara a cara. No hay definición.
Qué es lo que piden los agrícolas y por qué impacta en el acuerdo
Las protestas del sector agrícola estallaron en distintas ciudades de Francia durante el fin de semana con un amplio abanico de reclamos que van desde subsidios, presión impositiva, aumento del diesel y la burocracia existente por las múltiples medidas de protección y estándares que tienen que cumplir por regulación de la Unión Europea.
Desde la Segunda Guerra Mundial el agro ha sido muy subsidiado en todo Europa porque, con la memoria de la escasez alimentaria y los riesgos de hambrunas durante los conflictos que vivió el continente, la soberanía alimentaria ha sido una prioridad para la UE. Además, en algunos países, como en Francia, los sindicatos agrícolas lograron hacerse de un poder de lobby que trasciende fronteras.
Es así que los reclamos actuales no van dirigidos sólo al gobierno de Macron y se han ido extendiendo a otros países. En todos los casos apuntan contra los estándares europeos y a ciertas trabas que -consideran- vienen del propio seno de Bruselas. En el medio queda envuelto el acuerdo con el Mercosur, al cual el agro francés siempre se opuso por considerar que no tendrían una competencia leal frente a las importaciones de los sudamericanos.
Un diplomático europeo de misión en la Argentina lo explicó con suma claridad. Para cumplir con las metas de emisión de gases de efecto invernadero y la huella de carbono, Europa impone cada vez más estándares medioambientales que terminan afectando al sector agrícola, que tiene, por ejemplo, un elevado porcentaje de uso de pesticidas.
Es así que el campo europeo sabe que poco a poco irá perdiendo esos beneficios que históricamente supo tener. El problema es que no quieren que suceda de un día para el otro, tal como pasó en Países Bajos el año pasado cuando, para adecuarse a las normativas de la UE, el primer ministro quiso reducir a la mitad las emisiones de nitrógeno y desató una tormenta política que terminó con una moción de censura en su contra.
Para colmo, algunas coaliciones de gobierno incluyeron a los partidos verdes, que impulsan el llamado Pacto Verde Europeo, un paquete de iniciativas que busca situar a Bruselas en la senda del cumplimiento de los objetivos trazados en el Acuerdo de París de 2015. Estos sectores ambientalistas, ahora en los gobiernos, impulsan medidas que no caen bien en el agro.
Puertas adentro, la Comisión Europea quiere mostrarse firme y confiada en que seguirá el mandato de los 27 países miembro para negociar con el Mercosur y cerrar cuanto antes el acuerdo de libre comercio. Es un tratado mixto, donde ya se firmó el político y de cooperación, falta el comercial, tal vez el más importante.
En este contexto, no son pocos los que ven una jugada política de Macron de dejar trascender que pidió enterrar la negociación con el Mercosur para enviar una señal puertas adentro -a meses de las elecciones de eurodiputados donde la ultraderecha puede ganar en Francia-, y para conseguir mejores compensaciones a sus agricultores desde la Política Agrícola Común (PAC) de Europa.