Ya son ocho las leyes del paquete presentado por Seguridad y Justicia las aprobadas en la Legislatura. Distribuidas en cinco ejes, no solo apuntan a combatir el delito sino también a prevenirlo y apromover la reinserción de quienes han perdido su libertad.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto a la vicegobernadora, Hebe Casado, y al director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, dieron detalles de los alcances de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, aprobada por unanimidad en la Legislatura. Se trata de la octava norma que se sanciona del paquete de 11 leyes presentado por la cartera, que busca consolidar un programa integral abocado a políticas públicas de seguridad para la provincia de Mendoza.
También estuvieron presentes el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, y la subdirectora general del Servicio Penitenciario, Alejandra Llarena. Además, participaron Pablo Luján, a cargo del despacho de la Dirección Promoción del Liberado; Diego Asensio, responsable de Inteligencia del Servicio Penitenciario, y el prefecto retirado Manuel Beltrán.
Con esta nueva legislación, el Gobierno provincial da un paso significativo en la reorganización del sistema penitenciario adaptando su estructura a los desafíos actuales. “Cuando se creó la primera ley, Mendoza contaba con solo cuatro complejos penitenciarios y alrededor de 2.600 internos. Hoy, ese número ha crecido a 22 unidades penitenciarias y más de 6.300 internos, lo que ha hecho necesario mejorar la supervisión y control”, explicó la ministra Rus.
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Asimismo, la vicegobernadora destacó el trabajo conjunto con todos los bloques y la manera en que se han trabajado los proyectos. Subrayó que este esfuerzo colaborativo ha permitido que las leyes salgan rápidamente y estén a disposición del ministerio para cumplir con las funciones para las que se presentaron
La Ley Orgánica del Servicio Penitenciario incorpora herramientas clave para la optimización del recurso humano y la infraestructura disponible. Entre sus principales innovaciones, se destaca la implementación de controles tecnológicos avanzados, que hasta ahora no existían, y la estricta clasificación de las personas privadas de la libertad, diferenciando entre alojamientos permanentes y transitorios, en función de las necesidades de seguridad de cada interno.
Además, la ley establece un reglamento específico para la gestión de internos de alto perfil, aquellos considerados conflictivos o de alto riesgo. Estos internos serán alojados en unidades especialmente categorizadas, con personal especializado y medidas de seguridad adicionales, que incluyen tecnología avanzada y mayor restricción de movimiento.
Por su parte, Orellana señaló que esta reingeniería inteligente no solo busca mejorar la seguridad interna sino también reducir la reincidencia y prevenir la organización de delitos desde el interior de las cárceles. “Es fundamental que cada persona privada de la libertad reciba la asistencia y capacitación necesaria para su reinserción social, lo que impactará directamente en la reducción de la criminalidad en la provincia”, destacó el director del Servicio Penitenciario.
Por su parte, la ministra resaltó que “la política de seguridad no termina cuando un condenado ingresa al Servicio Penitenciario”. Rus afirmó que, “durante el cumplimiento de la condena, es fundamental garantizar la seguridad y la convivencia pacífica de todas las personas privadas de su libertad, así como evitar que se formen bandas que operen desde adentro hacia afuera. Además, es esencial que, una vez que los internos recuperan su libertad, las políticas públicas los acompañen, para que no reincidan en conductas delictivas contribuyendo así a una mejor seguridad”.
Un programa integral de políticas públicas de seguridad
La nueva Ley Orgánica del Servicio Penitenciario se enmarca en el programa integral abocado a políticas públicas de seguridad, que también incluye la Ley de control de comercialización de bienes muebles usados, aprobada el 10 de julio, y la Ley de Videovigilancia, entre otras. Estas normativas están diseñadas para abordar la seguridad desde una perspectiva integral, que no solo se centra en la prevención del delito sino también en la Justicia y en el control de personas liberadas.
En este sentido, la ministra Rus adelantó que ya se están realizando las gestiones necesarias para la implementación de estas leyes, incluyendo la incorporación de nuevos policías e investigadores bajo un plan de estudios especializado, y la firma de convenios con entidades privadas para integrar cámaras de videovigilancia al sistema de seguridad pública.