El Gobierno dispuso la creación de una mesa de coordinación para la seguridad de proyectos bajo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que tendrá como objetivo “fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada que puedan afectar proyectos de inversión estratégica, sus áreas de influencia y las infraestructuras críticas vinculadas”.
La medida se concretó por medio de la publicación de la Resolución 461/2026 en el Boletín Oficial, firmado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El texto menciona que las inversiones dentro del RIGI “así como las zonas adyacentes que su ejecución dinamiza desde el punto de vista socioeconómico, pueden constituirse en objetivos de interés para organizaciones criminales de carácter transnacional o estructuras delictivas complejas».
El documento advierte que estas organizaciones podrían “aprovechar tales emprendimientos para la captación de rentas ilícitas, el encubrimiento y reciclaje de flujos financieros de origen ilegal, la provisión de bienes y servicios ilícitos o la explotación de vulnerabilidades en los sistemas de control, trazabilidad, logística, seguridad y supervisión estatal».
