El Gobierno de Javier Milei insiste en su objetivo de auditar el gasto de las universidades públicas y mientras delinea una estrategia legal para llevar a cabo un mayor control del presupuesto de las casas de estudio, revisará cientos de convenios millonarios que ministerios y organismos públicos sellaron con universidades durante la gestión de Alberto Fernández.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que conduce Miguel Blanco revisará 306 convenios que se firmaron entre el 10 de diciembre de 2019 y misma fecha de 2023 y que van desde los $2 millones hasta los $170 millones. No se trata de una revisión sobre el presupuesto de las universidades, sino de contratos a través de los que ministerios y organismos les pagaban a estas casas de estudio a cambio de capacitaciones, trabajos de consultorías, desarrollo de sistemas y diplomaturas, entre otros servicios requeridos.
“Auditaremos a través de los ministerios y organismos públicos, no desde las universidades”, aclararon fuentes oficiales. Lo que se buscará revisar es si efectivamente se llevaron adelante las tareas acordadas, si se cumplieron los objetivos de cada convenio, si se entregaron los informes acordados, entre otros puntos. En otras palabras, si el Estado recibió la contraprestación acordada o si incluso hubo alguna etapa tercerizada por fuera del contrato original.
Entre 2020 y 2023 se firmaron 306 convenios entre numerosas casas de estudio públicas y carteras y entes pertenecientes a la Administración Pública Nacional. El detalle indica que 40 contratos se sellaron en 2020; 81 en 2021; 88 en 2022 y 97 en 2023.