Al borde del plazo reglamentario de 10 días para vetar la ley, Javier Milei finalmente decidió vetar la mejora en las jubilaciones aprobada por el Congreso, argumentando que sería un golpe para las cuentas fiscales del Gobierno, poniendo en riesgo el superávit y el plan económico. El decreto que formaliza la decisión se publicará en el Boletín Oficial la medianoche del domingo al lunes.
La medida llegó tras una reunión en Casa Rosada entre el Presidente, diputados y senadores de La Libertad Avanza, y miembros aliados de la Cámara baja, donde se definió una hoja de ruta legislativa y un compromiso de apoyo para ratificar el veto presidencial.
El decreto de veto advierte que la ley aprobada por el Congreso “es manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, ya que no contempla el impacto fiscal de la medida ni determina la fuente de su financiamiento”. El texto enfatiza que el Poder Legislativo debe “actuar con sensatez institucional y responsabilidad, evitando disposiciones que puedan ser perjudiciales para las cuentas públicas o que contradigan el presupuesto nacional”.
Los argumentos del veto subrayan la importancia del Presupuesto Nacional como la “ley de leyes”. Se enfatiza que el Presupuesto fue diseñado según un “programa general de gobierno —que no es simplemente el programa del Presidente, sino el que el pueblo votó— y al plan de inversiones públicas”.
Fuentes cercanas al trámite señalan que “el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para 2024 no contempla una partida que cubra el gasto que implicaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida sancionada”.
En cuanto a los números, se estima que el impacto de la medida ascendería a 6.160.000 millones de pesos en 2024, equivalentes al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) del año en curso, y a 15.430.000 millones de pesos en 2025, representando el 1,64% del PBI proyectado para ese año. Respecto del gasto previsional de la ANSES, dichos importes representan un incremento del 18,5% en 2024 y del 29,2% en 2025. En relación al gasto primario de la Administración Nacional, la medida significaría un aumento del 8% del presupuesto anual.
Desde el Gobierno se enfatizó que estas cifras harían imposible cumplir con las metas fiscales establecidas, como evitar la emisión monetaria, mantener el déficit cero y frenar la inflación. Además, la medida podría comprometer el plan económico del Gobierno y el Presupuesto 2025, generando futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente de financiamiento. También se advirtió que la propuesta podría poner en riesgo el sistema de previsión social, que “ya ha comenzado una senda de recuperación” gracias a las políticas económicas de la gestión actual.
Uno de los puntos más controversiales fue el artículo N°3, que proponía un aumento adicional por un desfasaje inflacionario de enero. Según el Gobierno, este desfasaje ya fue compensado en el cálculo de movilidad de junio. Otro error técnico señalado fue el uso de la Canasta Básica Total (CBT) como indicador para calcular las actualizaciones, dado que el INDEC elabora este índice para hombres de 30 a 60 años, mientras que las jubilaciones afectan a personas de 60 años en adelante.
A pesar de que el Gobierno reconoció que entre 2020 y 2023 las jubilaciones perdieron un 45% de poder adquisitivo debido a la Ley de Movilidad Jubilatoria, sostuvo que el Decreto N° 274/2024, que regula la movilidad actual, debe mantenerse para garantizar que los jubilados no vuelvan a perder contra la inflación sin comprometer el equilibrio fiscal.
El Gobierno recordó también el apoyo ciudadano y de 17 gobernadores al Pacto de Mayo, cuyo artículo 8° establece la necesidad de un Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) sostenible. Instó a no caer en “espejismos de falsas mejoras” y a que el Congreso tome decisiones que no comprometan el futuro de los jóvenes.
Tras la aprobación de la fórmula de movilidad jubilatoria, el oficialismo trabajó para afianzar relaciones con diputados aliados del PRO y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). A pesar de que inicialmente los legisladores del PRO votaron a favor de la actualización de las jubilaciones, en esta ocasión se comprometieron a apoyar el veto presidencial, señalando la necesidad de colaboración con La Libertad Avanza para fortalecer la postura del Gobierno.
Si esta alianza prospera en el ámbito legislativo, el Gobierno podría ganar terreno en ambas cámaras y evitar que la iniciativa obtenga los votos necesarios para su reconsideración en la Cámara Baja. Según Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados, “con nuestra presencia no van a llegar a los dos tercios”. Un acuerdo de este tipo tendría un impacto significativo en los futuros proyectos impulsados desde la oposición.
Fuente: Infobae