El Gobierno reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, norma que había sido aprobada por el Congreso en julio del 2025. Pero permanecía sin aplicación efectiva.
La decisión llegó después de una sentencia judicial que obligó al Estado a ponerla en práctica, luego de estar frenada por cuestiones presupuestarias. La reglamentación se hizo a través del Decreto 84/2026 del Boletín Oficial.
En esta se fija el marco operativo para la Ley 27.793, que declara la emergencia en materia de discapacidad y fija nuevas reglas para:
Políticas públicas.
Prestaciones.
Pensiones.
La vigencia de la ley se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año.
Por qué se activó ahora la ley de emergencia en discapacidad
Aunque el Congreso sancionó la norma el año pasado, el Poder Ejecutivo había condicionado su aplicación a la disponibilidad de partidas presupuestarias. Esa decisión fue cuestionada en la Justicia y, en diciembre, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el artículo que suspendía la aplicación de la ley y ordenó su “inmediata puesta en marcha”.
El magistrado sostuvo que condicionar la ley al presupuesto era incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado. Además, advirtió que el desfinanciamiento ponía en riesgo tratamientos esenciales para personas con discapacidad.
El Gobierno apeló la decisión. Sin embargo, la Justicia habilitó la feria judicial para supervisar el cumplimiento del fallo y exigió al Ministerio de Salud que informara los avances en la implementación de la norma.
A comienzos de enero, la cartera que conduce Mario Lugones comunicó que había iniciado pasos administrativos, aunque aclaró que la aplicación no podía ser inmediata. Con la reglamentación publicada este miércoles, el Ejecutivo formalizó el proceso y definió cómo se aplicarán los puntos centrales de la ley.
