El proyecto de reforma laboral enviado por el Ejecutivo al Congreso incluye un cambio fiscal que encendió alertas en las provincias. Se trata de la reducción del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, una medida que, de aprobarse sin modificaciones, tendría un fuerte impacto sobre la recaudación y, en particular, sobre los recursos que reciben los distritos vía coparticipación federal.
En términos mensuales, el impacto se traduce en un promedio simple de $144.000 millones menos para el conjunto de las jurisdicciones durante todo el año. El recorte no es homogéneo, sino que golpea con mayor fuerza a los distritos de mayor peso económico y demográfico, en un contexto de negociación política abierto entre la Casa Rosada y los gobernadores.
La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking de pérdidas. Según las proyecciones, resignaría $30.546 millones por mes, lo que equivale a $366.557 millones en todo 2026. El monto explica, por sí solo, más de una quinta parte del total de recursos que dejarían de percibir las jurisdicciones.
Santa Fe se ubica en el segundo lugar, con una merma estimada en $12.391 millones mensuales y $148.698 millones anuales. Córdoba completó el podio, con una pérdida proyectada de $12.103 millones por mes y $145.240 millones en el año. Ni Axel Kicillof, ni Maximiliano Pullaro ni Martín Llaryora están en la agenda de reuniones de negociaciones con gobernadores que habilitó el Gobierno.
El impacto también sería significativo en otras jurisdicciones. Chaco y Entre Ríos perderían $81.265 millones anuales cada una; Tucumán, $79.536 millones; Mendoza, $70.891 millones; y Salta, $65.704 millones. En el extremo opuesto, Tierra del Fuego figura como la jurisdicción con menor pérdida, con $22.478 millones anuales.
