El objetivo es que el sector público asuma un rol ejemplificador en el uso racional de la energía, alineado con los principios de sostenibilidad y eficiencia económica. Además, se pretende que los organismos públicos logren una reducción significativa en sus costos de energía, en beneficio de toda la comunidad.
En este sentido, se instruyó a las distribuidoras que prestan el servicio eléctrico en la provincia, como primera medida, conformar un Registro de Suministros Oficiales, que abarque todos los suministros bajo la titularidad de la Administración Pública Nacional y los sectores públicos provincial y municipal.
Los organismos públicos deberán revisar y ajustar sus contratos de suministro de energía para evitar contratar más potencia de la necesaria, lo que redundará en un ahorro económico significativo. Además, sobre aquellos suministros que tengan vencidos sus contratos de abastecimiento, hasta tanto no se renueven, las distribuidoras deberán facturar la máxima potencia efectivamente registrada en los últimos 12 meses.
Asimismo, las distribuidoras deberán verificar el correcto encuadramiento tarifario de los suministros públicos en función de su consumo real, promoviendo el uso eficiente de la energía.
“La reducción de emisiones tiene como primer e ineludible paso ser conscientes de nuestros consumos, medirnos para decidir cómo ser más responsables y eficientes en nuestros consumos”, resaltó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
Asimismo, Latorre destacó que “el Estado tiene que ser quien lidere estas acciones con el ejemplo, no solo por el impacto que genera en el ambiente sino también por la responsabilidad económica y social que significa el ahorro cuando se trata se servicios que se pagan con fondos públicos”.
Estas medidas tienden a efectivizar el uso de recursos y a optimizar los consumos en los edificios públicos y, al lograr mayor eficiencia energética, colaboran con la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.