El Gobierno acelera las negociaciones para aprobar el Presupuesto 2027 y admite nuevas concesiones sobre las partidas para universidades, Discapacidad y obras destinadas a las provincias. En la Casa Rosada aseguran que los fondos para las prestaciones de Discapacidad estarán garantizados y que buscan cerrar un entendimiento con las universidades que incluya mayores recursos y modificaciones en el régimen de contribuciones patronales que administra ARCA. El oficialismo apunta a votar el proyecto el miércoles 25 de noviembre en Diputados y trasladar su tratamiento al Senado durante las sesiones extraordinarias de diciembre.
En el Ejecutivo sostienen que ya incorporaron obras reclamadas por los gobernadores y que podrían aceptar nuevas modificaciones para asegurar los respaldos legislativos. La negociación combina partidas presupuestarias, beneficios impositivos y compromisos políticos con los mandatarios provinciales. En Balcarce 50 consideran que avanzaron lo suficiente como para reunir una mayoría en la Cámara baja, aunque reconocen que todavía quedan conversaciones abiertas con distintos bloques y que las concesiones deben reflejarse en la redacción definitiva del proyecto.
La principal definición política es que el Gobierno está dispuesto a garantizar los fondos para Discapacidad dentro del Presupuesto 2027. La Casa Rosada busca cerrar uno de los conflictos más sensibles de su relación con la oposición, que también quedó atravesado por las resoluciones judiciales y los reclamos de prestadores y organizaciones del sector. El compromiso oficial todavía requiere precisiones sobre las partidas, su distribución y los mecanismos de actualización, mientras el Congreso avanza en paralelo con una nueva legislación sobre prestaciones y pensiones.
La discusión tiene un antecedente concreto en el proyecto enviado por Javier Milei al Congreso el 15 de septiembre. El texto original incluyó modificaciones al régimen establecido por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que generaron resistencias entre los bloques aliados y la oposición. Diputados aprobó posteriormente una iniciativa para establecer un sistema permanente, que ahora debe completar su tratamiento en el Senado. Por eso, las negociaciones presupuestarias deberán definir cómo se financiarán las obligaciones que finalmente queden vigentes y qué artículos del proyecto original serán modificados o retirados.
El otro frente prioritario es el financiamiento de las universidades nacionales, donde el Ejecutivo reconoce contactos informales para alcanzar un acuerdo. La Casa Rosada pretende combinar una revisión de las partidas con beneficios sobre las contribuciones patronales que las instituciones educativas pagan como empleadoras. El objetivo es encauzar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario y evitar que el conflicto continúe durante 2027. Sin embargo, todavía no existe una propuesta definitiva que haya sido aceptada por las autoridades académicas.
En el sistema universitario confirman que hubo contactos con el Gobierno, pero que ahora concentrarán las negociaciones en el Congreso. Las autoridades buscan mantener conversaciones con diputados y senadores para garantizar que el Presupuesto contemple los recursos necesarios para salarios, funcionamiento e investigación. También reconocen que el régimen de contribuciones patronales continúa sobre la mesa, aunque no existe una definición sobre su modificación ni sobre la combinación de beneficios fiscales y partidas que podría incorporarse al acuerdo.
La discusión tiene como antecedente el régimen de contribuciones patronales establecido por el Decreto 645/2023 para determinadas universidades nacionales. La norma fijó una escala gradual de convergencia hacia las alícuotas generales del sector público para las instituciones alcanzadas. En 2026 establece una tasa del 13,65% y para 2027 prevé el 14,52%, con incrementos posteriores hasta 2030. El beneficio se encuentra contemplado en los sistemas de ARCA y cualquier cambio deberá determinar qué instituciones alcanzará, cómo se instrumentará y cuál será su impacto fiscal.
El Consejo Interuniversitario Nacional ya presentó una propuesta de 11 billones de pesos para financiar el sistema universitario durante 2027, por encima de los recursos previstos inicialmente por el Ejecutivo. Las autoridades universitarias consideran que el proyecto oficial no alcanza para cubrir las necesidades de funcionamiento, los salarios docentes y no docentes y la aplicación de la legislación vigente. La negociación deberá resolver si el Gobierno aumenta las transferencias directas, modifica obligaciones previsionales o combina ambas herramientas, sin que hasta el momento exista un monto adicional acordado.
La Casa Rosada también busca incorporar concesiones vinculadas con los reclamos económicos de los gobernadores y los bloques aliados. Entre los planteos figuran recursos para obras viales, distribución de fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, beneficios tributarios regionales y compromisos de inversión pública. El Ejecutivo sostiene que ya aceptó incorporar proyectos de obras solicitados por mandatarios provinciales, aunque todavía no precisó cuáles fueron agregados, sus montos ni la distribución territorial definitiva.
Una de las primeras modificaciones reconocidas públicamente corresponde a la prórroga de los regímenes de promoción automotriz y autopartista hasta 2032, impulsada por el PRO. La bancada de Cristian Ritondo confirmó que el Gobierno aceptó extender los beneficios establecidos en las leyes 27.263 y 27.686, que incluyen herramientas impositivas para las empresas del sector. La medida beneficia a distintas regiones industriales y forma parte de las condiciones que los aliados plantearon para acompañar el Presupuesto.
