El Gobierno provincial ingresó a la Legislatura la iniciativa que adecua el sistema mendocino a la nueva legislación nacional, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años. El proyecto reorganiza el fuero especializado, incorpora nuevos mecanismos de seguimiento y control y regula las medidas alternativas, la privación de la libertad y los procesos de reinserción.
El Gobierno de Mendoza presentó este martes en la Legislatura el proyecto de ley para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia. Se trata de una reforma integral que adecua la normativa local a la Ley Nacional 27801 y establece un nuevo esquema para la intervención del Estado frente a adolescentes en conflicto con la ley penal.
La iniciativa fue presentada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar. Estuvieron presentes la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y la jefa de Gabinete, Daniela García.
El proyecto llega a la Legislatura luego de meses de trabajo conjunto entre distintas áreas del Ejecutivo y organismos vinculados con el sistema penal juvenil. La propuesta reemplaza el régimen provincial vigente y adapta la estructura institucional, judicial y operativa de Mendoza a la nueva legislación nacional, que comenzará a regir el 5 de septiembre.
Rus explicó que la aplicación del nuevo régimen nacional no depende de la aprobación del proyecto de ley integral de responsabilidad penal juvenil presentado por la Provincia. “El 5 de septiembre empieza a regir una ley nacional que aplica a todo el territorio argentino”, señaló, y remarcó que un adolescente de 14 años que cometa un delito a partir de esa fecha será investigado por la Justicia penal juvenil como sujeto penalmente responsable.
En este sentido, explicó que la propuesta busca ordenar y fortalecer el sistema provincial mediante una ley integral que contempla, por un lado, un reordenamiento de los dispositivos existentes y, por otro, la creación de un Código Procesal Penal Juvenil, compuesto por más de 110 artículos.
Según detalló la ministra, el nuevo esquema parte de dos criterios centrales: considerar al adolescente como una persona en condición de desarrollo y, al mismo tiempo, como un sujeto de derechos que también tiene obligaciones y responsabilidades frente a la sociedad.
“Creemos que es una ley que otorga mejores condiciones para la resocialización de ese joven y, sobre todo, para cortar ese circuito delictivo en el que se inserta cuando empieza a tener conflictos con la ley penal”, sostuvo Rus.
