Organizaciones que representan a personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector convocaron para este miércoles a un cese de actividades y una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación para rechazar un nuevo proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei y reclamar por la situación que atraviesa el sistema.
La protesta comenzó a las 11 en la sede que conduce Mario Lugones, en medio de un conflicto que el sector sostiene desde hace meses por la falta de respuestas oficiales.
Al reclamo por la crisis en discapacidad se sumó el rechazo al proyecto denominado Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.
Según denunciaron desde el Foro Permanente Discapacidad, la iniciativa modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad y, bajo el argumento de combatir irregularidades en pensiones mal otorgadas, pone en riesgo el funcionamiento del sistema.
Estuvo cortada parcialmente la circulación por la avenida 9 de Julio mano a Constitución y se vieron afectadas también Belgrano, Lima y Salta.
“Esta iniciativa instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema”, señalaron desde el Foro, que reúne a distintas organizaciones del sector.
En ese sentido, remarcaron que, mientras se pone en discusión el acceso a derechos, el sistema enfrenta atraso en los aranceles, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo.
“Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”, expresaron.
En la misma línea se pronunció Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, quien cuestionó la iniciativa oficial: “Este proyecto es un engaño. Se presenta como una ley contra el fraude, pero en realidad es una excusa para ajustar a las personas con discapacidad”, afirmó en diálogo con Urbana Play.
Goldman sostuvo además que el Gobierno “sigue insistiendo con el relato de las pensiones truchas”, aunque aseguró que no se presentaron pruebas concretas para justificar la reforma.
También advirtió sobre cambios en el nomenclador nacional, que fija el valor de las prestaciones brindadas por instituciones y asociaciones en todo el país.
“Lo que no dicen es que están metiendo mano en el corazón del sistema, que es el Nomenclador nacional. Eso va a hacer que cada institución tenga que negociar como pueda los aranceles con cada prepaga u obra social”, señaló.
Durante la jornada de protesta, las organizaciones exigieron una actualización urgente de los aranceles, pagos mensuales regulares y la cancelación de la deuda acumulada. Desde el sector sostienen que garantizar la continuidad de las prestaciones es también sostener los derechos de las personas con discapacidad.
