Agentes de la Policía Federal detuvieron a 12 activistas en el Congreso que protestaban contra el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares. Los manifestantes, de Greenpeace, saltaron la reja del Palacio Legislativo y se pronunciaron en la escalinata, sentados en inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción, hoy en el Senado. Además arrestaron a un camarógrafo, que resultó herido.
La normativa vigente, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial y las considera como reservas estratégicas de agua dulce.
No hay grandes modificaciones, y la más significativa son dos agregados en los artículos 6 y 7. Incluyen la prohibición de actividades que impliquen daños al ambiente en términos de la Ley General del Ambiente 25.675, y la determinación de que las evaluaciones ambientales cumplan con la Ley del Régimen de Gestión Ambiental del Agua 25.688. Este último punto implica un monitoreo de la calidad y cantidad del caudal de agua que se vea afectado.
El Gobierno apuesta a priorizar las actividades productivas (minera, hidrocarburífera) en Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, atraer y darles luz verde a proyectos mineros internacionales.
Para eso abrirá la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares, siempre y cuando no se consideren hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica. Algo que, según la ley vigente, está prohibido.
Si el proyecto se convierte en ley la relevancia hídrica pasarán a determinarla las provincias, a la que se les otorgaría mayor poder de decisión para analizar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos.
