El Gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a fin de reducir la intervención estatal en la producción vitivinícola y simplificar los procedimientos burocráticos. Lo hizo mediante la resolución 37/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que el nuevo esquema apunta a “dejar atrás el régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo” para concentrarse en garantizar la “aptitud para consumo del vino”.
Con la resolución, el INV dejará de intervenir en etapas intermedias como la cosecha, la elaboración o el transporte del vino, y se limitará a controlar los productos embotellados. De este modo, el organismo solo verificará la calidad y autenticidad de los vinos listos para el consumo.
Los controles de trazabilidad, como certificaciones de origen o varietal, pasarán a ser optativos y quedarán a cargo de los productores o de entidades privadas. El cambio alcanza a todas las instancias de la cadena vitivinícola, desde viñedos y bodegas hasta fábricas de mosto, espumosos, fraccionamiento y exportadores.
