El Gobierno definió que no judicializará el aumento en discapacidad tras el rechazo del veto en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, implementará otra estrategia para no cumplir con el aumento: según pudo saber, el Ejecutivo podría “poner en suspensión” su cumplimiento a través de un decreto de Javier Milei.
Se trata de una estrategia que ganó fuerza en los últimos días en los equipos técnicos de la Casa Rosada, que apunta a ganar tiempo en la Justicia para postergar la erogación presupuestaria de la ley hasta la ejecución del Presupuesto 2026, que debe ser aprobado por el Congreso. En Nación reconocen que esperan que las demandas las presenten particulares, de forma que se atomicen los procesos.
La mesa judicial de Balcarce 50 está avanzando sobre jurisprudencia para respaldar los argumentos de la posición que ordenó el jefe de Estado. La integran la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y sus equipos de abogados administrativos. La Procuración del Tesoro, que coordina Santiago Castro Videla, también mantiene contactos con los que la conforman.
En el oficialismo apelan al “impacto fiscal” de la medida y recurren al artículo 38 de la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
