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El Gobierno argentino anunció días pasados, con gran entusiasmo, la firma de un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. A las horas, el presidente Emmanuel Macron enfrió ese exceso de optimismo declarando que Francia «todavía no está preparada» para ratificar esa firma. Sobreabunda decir que Francia no solo es la segunda economía de la unión, sino que también tiene una solidísima alianza con Alemania, que se ha visto reflejada en la elección de la nueva presidenta del Consejo Europeo. Tras cartón, la conferencia brindada conjuntamente por el ministro de Relaciones Exteriores y el secretario de Agricultura franceses agotaron argumentos, y palabras, para asegurar que lejos estaban los galos de adherir, al menos en un futuro inmediato, a la propuesta.

Desde nuestra perspectiva, un tratado de libre comercio puede constituir, trabajado profesionalmente, un escenario importante y dinamizador de nuestras fuerzas productivas o una chapucería electoralista que solo podrá acarrear a nuestra economía males mayores a los que ya transita.

Los medios reflejan una febril actividad del Ejecutivo convocando y llevando a cabo reuniones con sectores empresariales y prometiendo otras con los sindicatos. Esas iniciativas son de aplaudir. Es necesario contar con las observaciones y los aportes que puedan hacer aquellos que serán los primeros en ser afectados.

Pero ello nos lleva inmediatamente a una pregunta casi obvia. Si la negociación del texto definitivo del acuerdo insumirá entre tres y cuatro años, de ser optimistas, y se necesitará su ratificación tanto por parte del Parlamento europeo como de los 28 —o 27— Parlamentos nacionales, que no se sabe cuánto tiempo consumirá, ¿por qué no convocar también a los candidatos presidenciales a un diálogo público, abierto y fundamentado acerca de cuáles deben ser las posiciones de Argentina para disminuir los costos del ajuste estructural? ¿Escapa al conocimiento del Gobierno que tendrá una bancada minoritaria en el Congreso y que necesariamente deberá negociar con otras la ratificación —o no— del proyecto de acuerdo? ¿O que existen posibilidades ciertas de que el presidente Mauricio Macri y su equipo no estén en la conducción del país en los tiempos de su negociación?

Si su firma tiene la importancia capital que se le atribuya, debería entrar dentro de la categoría de una política de Estado y, por ende, consensuada por todas las fuerzas políticas. Eso es lo que hace Francia. La defensa de su política agropecuaria no es el fruto de un capricho proteccionista; tiene un siglo de existencia y es una política de Estado. ¿Por qué? Luego de la Primera Gran Guerra un millón de franceses murieron de hambre. Luego de la Segunda, ninguno. Ese fue el fruto de una política de autosuficiencia alimentaria. Ese recuerdo está grabado a fuego en la conciencia histórica de los franceses. Borrarlo no va a ser sencillo.

Como si todas estas improvisaciones no alcanzasen, esta semana nos sorprendieron con que se está trabajando en un acuerdo similar con los Estados Unidos. Amén de la falta de seriedad de semejante proyecto, dadas las actuales circunstancias internacionales y de la política doméstica de Estados Unidos, nos preguntamos, también, por qué no se ensayan acuerdos más realistas y equitativos para la economía argentina como podrían ser con Canadá, Corea del Sur, Singapur o Indonesia.

Realmente no vemos que haya una reflexión y fundamentación profundas que excedan a una suerte de manotazo de ahogado ante una coyuntura electoral que, al menos desde las noticias económicas y sociales se presenta como poco halagüeña.

Fuente: Infobae.com

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