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El lanzamiento del Observatorio de la Desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio), bajo la órbita de la Defensoría del Público, generó este domingo fuertes críticas de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) que lo consideró como un intento por imponer un “órgano de vigilancia” desde el Estado. Por su parte, la oposición denunció que se busca limitar la libertad de prensa.

Por el contrario, Miriam Lewin, titular del organismo, aseguró que el objetivo es “fomentar la libertad de expresión y la diversidad de voces”, y que “está en la línea de lo que sugiere en su artículo 4 el Plan de Acción de la ONU”.

Silvina Giudici, expresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, consideró que el observatorio “implicaría algún grado de censura o de sanción” y remarcó que “en todo el mundo, cuando se discute el tema de fake news, en general los verificadores de la información son organismos multidisciplinarios, integrados por periodistas, por académicos, pero nunca por el Estado”.

El organismo es una iniciativa de la Defensoría del Público, que Lewin anticipó durante un panel que compartió con el director del organismo, Glenn Postolski; el psicoanalista Jorge Alemán; la diputada Florencia Saintout; el profesor Damián Loreti, y la periodista María Seoane.

Según explicó allí tiene el objetivo de “proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias” y “reflexionar acerca de las prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad”, además de debatir “sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en Internet”.

Sin embargo, las críticas no tardaron en hacerse escuchar y apuntar -una vez más- contra un intento del Gobierno de controlar y censurar a la prensa.

«Así como proyectos similares que tuvieron lugar en la década pasada, la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover”, advirtió Adepa en un duro comunicado.

También señaló que “la propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados con un sector político claramente determinado, es un indicio de ello”.

Bajo el título “Monitorear el pensamiento no favorece la libertad de expresión”, Adepa expresó su “preocupación por la creación por parte de un organismo oficial” de este observatorio y consideró que “la mejor manera de combatir la desinformación y los discursos de odio es fortalecer el periodismo profesional y los contenidos de calidad, muchas veces no jerarquizados adecuadamente por redes sociales y plataformas digitales”.

“Nadie está exento de cometer errores, pero medios y periodistas son responsables ante sus audiencias, y judicialmente ante cualquier desvío o daño. Esta responsabilidad ulterior, prevista por nuestro ordenamiento legal y por los tratados internacionales, es la única que garantiza la libertad de expresión, según los estándares internacionales de derechos humanos”, recordó.

Críticas de la oposición
En declaraciones al programa Sólo una vuelta más, por TN, Giudici remarcó que “en los países donde hay un Estado haciendo de verificador de la veracidad, por ejemplo en Malasia, terminan con la cárcel de los supuestos responsables de divulgar esa información”.

“Eso no nos suena ajeno a los argentinos, porque hace unos meses tuvimos en el Congreso unas declaraciones de la ministra (de Seguridad, Sabina) Frederic hablando de un ciberpatrullaje, que lamentablemente se implementó en el país, y que tiene algunas víctimas en la provincia de Misiones, donde hay ciudadanos detenidos por haber opinado en las redes sociales”, recordó la exdiputada.

En igual sentido, subrayó que “la Argentina tiene una ley antidiscriminación, donde todos los delitos de odio pueden ser castigados” y que “es el Inadi el que tiene la responsabilidad de llevar adelante la tutela de esos derechos”.

“Hace tiempo venimos alertando sobre distintas iniciativas del Gobierno. Se utiliza este fenómeno -por las fake news- con un criterio equivocado”, enfatizó Giudici.

 

Al respecto destacó que el control “lo hace la Defensoría del Público, que es un organismo también estatal, que depende de la Comisión bicameral de Medios del Congreso”.

“Lo que pretenden, como dice el anuncio, es identificar y desarticular determinadas campañas de desinformación. Eso podría implicar que se vaya detrás del ciudadano, que se busque en las redes sociales dónde está el origen de un rumor o de una supuesta noticia maliciosa, y eso implicaría algún grado de censura o de sanción, por eso es peligroso en este contexto”, advirtió.

Y agregó que “si el Estado decide qué es verdad y qué es mentira y define cuál es su caracterización del odio, no sería loco pensar que una persona que opina en Twitter o que replica una información de una marcha podría ser señalada por este Observatorio de la Defensoría del Público y estar categorizado como el inicio de una campaña de desinformación o de difundir noticias maliciosas”.

“No necesitamos un Estado que implemente desde la Defensoría una suerte de Ministerio de la Verdad, porque en todo el mundo que se discute el tema de fake news, en general los verificadores de la información son organismo multidisciplinarios integrados por periodistas, por académicos, nunca por el Estado”, completó.

Por su parte, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, consideró la iniciativa como «un ataque a la libertad de expresión” y advirtió que se trata del “control a los medios de comunicación de la mano de un organismo del Estado solo vista en los gobiernos dictatoriales”.

“No es por ahí, Alberto Fernández”, le advirtió el diputado nacional al Presidente a través de su cuenta de la red social Twitter, utilizando el hashtag #NODIO.

También el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias se expresó a través de la misma red social, en la que escribió: “Cepo económico, mordaza política y cuarentena eterna. Las tres recetas del gobierno de científicos para sacar adelante el país”.

Por su parte, el ex ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, advirtió que “este gobierno tiene un cepo para todo, también para controlar a la prensa”. “El poder de turno no debe decidir qué información llega a los ciudadanos. El Estado nacional tiene que garantizar la libertad de expresión, no restringirla”, escribió en la misma red social.

La respuesta de la Defensoría
Miriam Lewin, titular del organismo a cargo del proyecto, defendió la creación de NODIO, y aseguró que busca “fomentar la libertad de expresión y la diversidad de voces”.

La funcionaria señaló también que la finalidad del observatorio es “que todas las personas puedan expresarse en el debate público sin ser expulsadas y tengan acceso a información veraz” y subrayó que el proyecto “está en la línea de lo que sugiere en su artículo 4 el Plan de Acción de la ONU”.

Lewin hizo así referencia al plan de siete puntos elaborado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres para revitalizar los derechos humanos. En su punto 4, se señala que la ONU “ante la disminución de la sociedad civil en muchos países, llamó a la inclusión, la participación y el aumento de los esfuerzos para empoderarla”.

“Las nuevas tecnologías no sólo han permitido a la sociedad civil organizarse con mayor eficacia, sino que también han dado a las autoridades nuevos instrumentos para controlar los movimientos de las personas y restringir las libertades”, declaró al respecto Guterres.

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